Obstáculos en la realización del derecho a la educación en cárceles. Una aproximación sobre la realidad Argentina.

Autores: Francisco Scarfó[1] y Natalia Zapata[2]

 “La ley no puede quedarse en la entrada de la cárcel”

Albert Camus

A) Introducción
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos y que tiene como fin el desarrollo integral del sujeto. Que una persona acceda a la educación implica entonces que pueda crear un lazo de pertenencia a la sociedad y, en pocas palabras, el acceso a bienes simbólicos, la transmisión y recreación de la cultura. Es el Estado quien debe garantizar y promover el goce efectivo de éste y de todos los derechos humanos, ya que en teoría la persona encarcelada sólo está privada de su libertad ambulatoria.
Hay que señalar que el desarrollo de este derecho en el contexto de la cárcel (utilizada como dispositivo no sólo de encierro sino de castigo, disciplinamiento, segregación y control), está cruzado por la complejidad de todo proceso social de un sujeto en un contexto determinado. Sin embargo, y en general, en la práctica cotidiana no se toma a la educación como un derecho universal e inalienable, ya que acceder a la educación en este contexto singular es casi un “beneficio” de los/as “buenos/as” presos/as a costa de las gestiones penitenciarias y, a veces, en inerte complicidad de las gestiones institucionales escolares citas en las unidades penales.
Las cárceles en esta últimas dos décadas han crecido exponencialmente, al igual que la cantidad de detenidos/as. Como ejemplo más destacado, la población carcelaria creció un 300% entre 1994 y el 2003[3];  la cárcel y la privación de la libertad se convirtieron en la manera de resolver los conflictos sociales que descarnaba la década con más marcado nivel de neoliberalismo enla Argentina. Jóvenes pobres poblaron y sobrepoblaron las prisiones, en condiciones flagrantemente violatoria de los Derechos Humanos, entre las cuales el derecho a la educación era uno más de los derechos conculcados.
Ahora bien, en materia de normativa, en la realidad carcelaria de la Argentinase aprecia una clara absorción de los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos con la incorporación del Capítulo XII “Educación en Contextos de Privación de Libertad” (artículos 55 al 59) a la Ley Nacional de Educación (26.206/06) y, posteriormente, la discusión parlamentaria y aprobación de la Ley sobre “Estímulo educativo en establecimientos penitenciarios” (26.695-/11)[4]. Asimismo, las provincias fueron incorporando en sus propias leyes de educación, elementos vinculados a esta modalidad particular en ámbitos de encierro punitivo.
En ambas normas de alcance nacional citadas se puede apreciar que la educación pública en las cárceles es entendida como el ejercicio de un derecho humano que apunta no al tratamiento penitenciario sino al desarrollo integral de la persona, a mejorar su calidad de vida, a formarse profesionalmente, el acceder y disfrutar de la cultura, en resumen, en la posibilidad de realizar trayectorias educativas que permitan construir un proyecto de vida.
En los últimos años se observa una tendencia favorable a concretar esta situación. Se puede observar como auspicioso la presencia de escuelas públicas primarias de adultos en la gran mayoría de las unidades penales, la extensión de escuelas medias, la diversificación y ampliación de los turnos de oferta educativa, la ampliación de espacios, la incorporación del dictado de clases por parte de docentes de nivel educativo público oficial, la presencia sostenida de las diversas universidades nacionales con proyectos de extensión y dictado de carreras y una incipiente presencia de la sociedad civil con acciones socioeducativas. Otro aspecto a resaltar es que la política educativa, en la mayoría de las jurisdicciones del país, es gestionada por el Ministerio de Educación, recomendación que está contenida en toda la normativa internacional referida a la ejecución de la pena, en especial en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.
No obstante, amén de estos necesarios avances respecto de decisiones en el ámbito parlamentario y en términos de producción de política pública específica, es posible manifestar –desde las propias prácticas y experiencias de otros actores- que aún perduran una serie de dificultades y obstáculos, los cuales se intentan identificar, reconocer y problematizar en el desarrollo de este artículo.

 

B) Panorama de la situación carcelaria en base a estadísticas oficiales
De acuerdo con los datos estadísticos producidos porla Dirección Nacionalde Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Subsecretaría de Política Criminal, Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dela República Argentina, publicados en “Informe Anual República Argentina, SNEEP2012”del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución dela Pena, se desprenden las siguientes situaciones:
–   El sistema penitenciario a nivel país (que incluye establecimientos federales y provinciales) cuenta con 61.192 personas detenidas, de las cuales el 50 por ciento se encuentra procesada (sin sentencia definitiva), el 48 por ciento penada y el 2 por ciento en calidad de inimputable.
–   El 95 por ciento son varones de entre 25 y 34 años (40 por ciento) y de entre 18 y 24 años (24 por ciento). El 72 por ciento de ellos son primarios (ingresaron por primera vez a la cárcel) y generalmente se encuentra judicializado por el delito de robo (24.566 personas); homicidio (7.497); violación (4784) e infracción a la ley de estupefacientes (6498).
–   El 81 por ciento de las personas detenidas no participa de actividades laborales, en tanto que un 85 por ciento lo hace en actividades deportivas y recreativas.
–   Respecto del nivel educativo, el 40 por ciento tiene primario completo; el 7 por ciento cuenta con secundario completo y el 2 por ciento completó estudios terciarios/universitarios.
–   En cuanto a la participación de programas educativos, el 53 por ciento no participa en ninguna propuesta formativa; el 37.9 por ciento participa en alguna instancia de la educación formal (17.8 EGB; 17.8 Polimodal; 1.7 Universidad; 0.6 Terciario); en tanto que el 8.6 por ciento participa en instancias de educación no formal.

Las cifras son elocuentes y preocupantes, teniendo en cuenta la situación procesal, la edad y la inclusión en actividades educativas, laborales, recreativas y deportivas, en virtud del creciente aumento de la población detenida, esto sin contar las condiciones de hacinamiento y de habitabilidad en general que generan situaciones violentas en un contexto, de por sí, violento.
Si bien el Estado Nacional y los gobiernos provinciales llevan adelante programas e iniciativas para incorporar a las personas detenidas en distintas acciones vinculadas a la atención de la salud, la formación integral y el desarrollo de capacidades y habilidades laborales, estas siempre resultarán insuficientes en la medida en que la mayoría no participe de manera equitativa; en tanto y en cuanto los organismos no articulen las propuestas de cara al cumplimiento de los protocolos y estándares internacionales sobre la base de los DDHH.

 

C) Sobre los criterios de las 4aes para el análisis de la educación en cárceles
Con respecto al control y monitoreo del desarrollo de la educación en contextos de encierro punitivo[5], es necesario contar con indicadores específicos que se correspondan con los criterios de realización del derecho. Para esto, se utiliza el término de las 4-Aes[6], uno de los medios más eficaces para evaluar la situación del derecho a la educación. Las 4-Aes se pueden resumir de la siguiente manera:
–   Accesibilidad: que el sistema sea no discriminatorio, que se presente accesible a todos y que se adopten medidas positivas no sólo en lo referido al acceso, sino también la permanencia y egreso del sistema educativo.
–   Asequibilidad: que la enseñanza sea gratuita, financiada por el Estado, y que exista una infraestructura adecuada y docentes formados, capaces de sostener la prestación de educación. Es decir, que la educación esté disponible.
–   Adaptabilidad: que la educación pueda transformarse a medida que cambian las necesidades de la sociedad, que pueda contribuir a superar las desigualdades – como la discriminación de género-, y que pueda adaptarse localmente para adecuarse a contextos específicos. Es decir una educación dirigida a un sujeto singular (persona privada de la libertad) y a un contexto específico (la cárcel).
–   Aceptabilidad: que el contenido y los métodos de la enseñanza sean relevantes éticamente, no discriminatorios, culturalmente apropiados, de calidad y consecuentes conla Educación en Derechos Humanos.

 

D) Obstáculos en el desarrollo del derecho a la educación en la cárcel
Seguidamente se destacan los obstáculos y dificultades más comunes y persistentes que se observan en la realidad Argentina, sobre la base de los criterios de realización del derecho a la educación presentados en el apartado anterior. Se indica que en algunas jurisdicciones y en algunas modalidades y niveles educativos pueden existir otros obstáculos y dificultades profundizando la situación educativa en las cárceles, como así también pueden que no existan dichas cuestiones en algunas jurisdicciones. También se aclara que se han tomado mayoritariamente la situación de las cárceles de varones, de modo que  el presente trabajo tiene un recorte de género.
“Dicho recorte tiene su basamento en la profundidad teórica y conceptual que merece el tema de la mujer privada de libertad y la educación en esta situación y, por cierto, la limitación de tiempos reales en llevar adelante este aspecto de investigación. Se señala esto en virtud de que las diferencias de género trae n consigo consecuencias en varias dimensiones del proceso educativo y también, en el lugar desde donde se estructura el conocimiento del mundo…El tema de género merece seguramente un tratamiento más profundo que aquí, por motivos de extensión del presente trabajo no se abarcará. Igual suerte corre para aquellos colectivos de privados/as de libertad como: niños/as y adolescentes, extranjeros/as y/o migrantes, grupo de etnias minoritarias, homosexuales, lesbianas, personas con discapacidad físicas y mentales, valetudinarios/as, enfermos/as terminales o drogadependientes”.[7]

 

c.1. Accesibilidad
En cuanto al criterio de accesibilidad, se reconocen los siguientes obstáculos y dificultades:
1) Bajo nivel de inclusión educativa
Dicha cuestión se enmarca en tres posibles situaciones dadas a la vez o por separada. Ellas son:
“a) la escasez de plazas educativas (ninguna de las unidades penitenciarias logra cubrir la totalidad de la demanda con la disponibilidad de turnos existentes);
b) la escasez de aulas;
c) la elección de educandos sin tener en cuenta criterios de accesibilidad a la educación que puedan estar elaborados desde el propio ámbito educativo.”[8]

2) Selectividad y discrecionalidad en el acceso
La inexistencia de criterios, procedimientos o protocolos para establecer las condiciones de accesibilidad bajo la perspectiva pedagógica y demandas educativas, hace que la autoridad administrativo penitenciaria culmine por tener una incidencia efectiva en la selección de los detenidos que pueden concurrir a cursar a la escuela. “En general priman criterios basados en la progresividad de la conducta, grado de peligrosidad de la persona y  la seguridad institucional.”[9]. Es decir que bajo el argumento de mantener “la seguridad” se restringe y se impide la inclusión en otros servicios educativos como, por ejemplo, el uso de la biblioteca o la posibilidad de acceder a Internet (el acceso a Internet es altamente restringido).

3) Falta de información y difusión de las ofertas educativas existentes en las unidades penitenciarias
Existe un alto nivel de desinformación de las personas detenidas sobre las propuestas educativas existentes en la unidad penitenciaria donde se encuentran alojadas. Muy pocas veces se informa en tiempo y forma fehaciente de las ofertas educativas escolares y no escolares por parte de las autoridades penitenciarias de manera masiva y solo por entrevistas forzadas por los tiempos judiciales ante la solicitud de una posible libertad anticipada es que se presenta dicha oferta.

4) Deficiencias en el acceso a certificaciones de estudios
Suele presentarse como dificultoso y hasta imposible para los estudiantes en condiciones de detención acceder a las certificaciones de finalización de estudios y/o culminación de niveles educativos públicos. A esto se le suma los problemas con la falta de documento de identidad y los problemas burocráticos e institucionales de la gestión educativa y penitenciaria. A su vez, se adiciona el problema de los sucesivos traslados carcelarios “en los que no se tiene en cuenta el acompañamiento de las certificaciones de estudios alcanzado, quedando relegado a su destino o a la espera de la solicitud por las autoridades educativas, su inclusión en una nueva escuela o en el nivel educativo apropiado”[10].

5) Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de actividades de educación
En general el uso de las aulas suele ser compartido con otras actividades que se desarrollan en el penal que, según la importancia de las mismas, puede hasta postergar el dictado diario de las clases. En la insuficiencia de ámbitos disponibles para el estudio “confluye la situación de aulas limitadas por rejas, en malas condiciones de higiene, con carencia de luz natural y de ventanas”[11].

6) Criterios de seguridad. Los impedimentos para ejercer el derecho a la educación frente a la imposición de sanciones disciplinarias o medidas de sujeción
Las cuestiones de seguridad se presentan como obstáculos permanentes a la hora del funcionamiento de las escuelas y las actividades socioeducativas promovidas por las organizaciones civiles. Situaciones diarias dentro de una cárcel como las sanciones colectivas y los traslados compulsivos de los detenidos afectan directamente el cumplimiento de las 4-Aes.
Asumiendo un carácter normativo-regulador, las cuestiones de seguridad debieran fundarse en criterios concretos y seguir protocolos basados en la previsibilidad, la racionalidad, la proporcionalidad y la legalidad (debe haber una autorización por parte de una autoridad judicial) aunque en la mayoría de los casos, esto no se da ni se debate entre al menos los actores institucionales involucrados. Suele aplicarse criterios de seguridad más por cuestiones azarosas y/o arbitrarias que debilitan el ejercicio del derecho en cuestión y se manifiestan en la suspensión de clases y accidentando la bajada – salida diaria de los presos a la actividad educativa.[12]
Ampliando esta idea se ve que
“en aquellos supuestos en los que un educando es sancionado o simplemente sometido a un procedimiento sancionatorio, se lo suele trasladar, como práctica común, a un área denominada ‘separación del área de convivencia’ aun cuando ni siquiera tiene una corrección disciplinaria impuesta. Más allá de las cuestiones referidas al resguardo del derecho a la defensa en el ámbito sancionatorio, lo que sí se advierte -como práctica común- es que el educando suele perder toda posibilidad de continuar sus estudios mientras dure el acto de sujeción o el procedimiento sancionatorio que suele durar hasta 10 días”.[13]

7) Otros obstáculos de importancia:
–   La cuestión del financiamiento de la educación a nivel micro y macro en el desarrollo de la educación ya sea por las agencias educativas como las penitenciarias. Es casi irrisorio conocer las erogaciones presupuestarias públicas destinadas a la educación o a las actividades educativas
–   Las dificultades en el abastecimiento de materiales didácticos y referidos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (soportes), y al desarrollo del deporte y el esparcimiento. En general son los/as docentes los/as que aportan dichos materiales indispensables para un aprendizaje y enseñanza de calidad.

 

c.2. Asequilidad
En cuanto al criterio de asequibilidad se reconocen los siguientes obstáculos y dificultades:

1) La institucionalidad de lo escolar: la falta de articulación entre niveles y modalidades educativos (la escuela, la universidad, las ONGs)
Por lo general existe una superposición de ofertas educativas, en donde convive a la vez un programa de alfabetización -de carácter temporal- con la educación básica formal -de carácter progresivo-. Dicha situación suele desconcertar a los alumnos cuando se le exige optar por una de ellas, cuando en realidad son los programas de alfabetización los que refuerzan la educación básica y por ende no son opciones que se descartan sino sistemas que se refuerzan entre sí. Es dable recordar que la educación formal es el componente sustantivo del derecho a la educación.
Además se evidencian serios problemas de la continuidad en las trayectorias educativas por la oferta educativa de diferentes modalidades y orientaciones en el nivel secundario y de universidad, que ante cuestiones como traslados a otras unidades y/o dentro de la propia institución carceleria (por ejemplo un cambio de pabellón) ocasiona la restricción del disfrute de la educación.
La escuela suele concebirse, y hasta convertirse, muchas veces en una “guardería” de los/as presos/as y no como un espacio público dentro de la cárcel (que, aunque no tengamos acceso a la misma, igualmente es una institución pública), lo que conlleva también a pensar a la escuela como un espacio de participación social indispensable a la hora de la formación de ciudadanía.
Asimismo, hay que agregar tres aspectos estrechamente relacionados con los modos de gestión de los establecimientos educativos donde las relaciones vinculares e institucionales entre niveles educativos son escasas y hasta hay veces que nulas, donde directivos y docentes muestran muy escaso contacto entre sí y donde la obtención de matrícula de alumnos es el eje que prevalece en la consecución de acciones. [14]
En cuanto a la política pública educativa, no formalizan ni se sostienen espacios de articulación y cogestión entre las instituciones y no se observan claras directivas ministeriales para la articulación en la realización y fortalecimiento del derecho a la educación, en lo referido al acceso y la disponibilidad del mismo.
“También se advierte que quienes asisten a diferentes cursos y ofertas de educación no escolar, quedan excluidos generalmente de la educación formalizada, obligando muchas veces al educando a tener que optar entre alguna de las ofertas educativas. En cuanto a las ofertas de Cursos de formación profesional y demás ofertas de educación no formal,  se advierte que todas están, en su mayoría orientadas hacia el trabajo manual (carpintería, cestería, marroquinería) y no se han encontrado ofertas que incluyan la formación artística y demás manifestaciones del desarrollo cultural”.[15]
Para que haya una adecuada institucionalización, resulta necesario que no exista una superposición de actividades en la cárcel entre lo escolar y lo no escolar. En este punto, las cuestiones de seguridad se presentan como obstáculos permanentes a la hora del funcionamiento de las escuelas y las organizaciones civiles.

2) Falta de articulación con el medio externo
“La  inexistencia de estudios que midan calidad educativa y que establezcan relaciones  entre la educación formal-escolar y oportunidades laborales para preparar el proceso post penitenciario de inserción al medio libre, mantiene en una clara desarticulación de las diferentes esferas que intervienen sobre el sujeto privado de su libertad ambulatoria (Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, escuelas y universidades)”[16]
La ausencia de información pública, confiable, accesible y actual, sobre la demanda y oferta educativa, espacios y programas de estudio existentes, recae en ausencia de estrategias para continuar el proyecto educativo tras la salida de la prisión.

3) Herramientas de estudio desactualizadas
Muchas de las bibliotecas presentes en los establecimientos carcelarios, cuentan con libros extremadamente desactualizados, desordenados, arrinconados, aunque existe un programa del gobierno nacional que aportó libros y materiales a las escuelas públicas en estos últimos 5 años[17].
A pesar de lo valioso de este programa, aun no puede efectivizarse su alcance a todos los detenidos. Se han entregado a las escuelas computadoras completas y proyectores para audio y video, pero su uso está restringido o limitado por razones de operatividad y/o por no contar con suficiente personal capacitado.
El acceso a herramientas educativas actualizadas y vigentes está mayormente vedado. Las posibilidades de acceso a Internet debieran estar presentes en todos los niveles educativos pues, difícilmente se pueda pensar seriamente la educación como herramienta de inclusión si no se puede acceder a contenidos virtuales.
“Desarrollar la educación sin el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) puede constituir una barrera insoslayable que puede incrementar la brecha entre la educación que se brinda en una sociedad cada vez más tecnificada y una educación en contextos de privación de libertad sumida por estándares educativos de un siglo que pasó. Las objeciones en materia de seguridad de los establecimientos de detención se constituyen en un obstáculo para formar ciudadanos acordes al mundo en que vivimos”[18].

 

c.3 Adaptabilidad
En cuanto al criterio de adaptabilidad se reconocen los siguientes obstáculos y dificultades:

1) Discrecionalidad para establecer el nivel educativo en el que se incluye al educando
“Es común que la determinación del nivel educativo en el que se incluye al educando esté generalmente guiada por la cantidad de plazas disponibles, la matrícula de alumnos que necesita el nivel educativo para mantenerse en la estructura institucional o la disponibilidad de certificaciones de estudio por parte del ingresante que por la evaluación especializada del nivel al que debería ingresar”.[19]

2) Lo curricular, los proyectos educativos institucionales: no es igual a lo que se ofrece afuera.
Los proyectos curriculares oficiales no gozan de la integralidad formativa y no se cuenta  en la oferta educativa dentro de la cárcel con espacios curriculares de educación física, computación, idiomas, artes plásticas, etc. que articulen entre sí y con las áreas disciplinares tradicionales. En tal sentido, los PEI (Proyecto Educativo Institucional), en general se formulan de acuerdo con los siguientes parámetros mínimos a ser tenidos en cuenta:
–   El tipo de unidad penal: si es un establecimiento penitenciario de máxima, mediana o mínima seguridad.
–   A la vida diaria de los/as detenidos/as: organización de las rutinas propias de la cárcel y del día del detenido/a.
–   Al colectivo social que esté alojado en la unidad penal: si son mujeres, personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes, etc.
–   Al acceso a las bibliotecas y los medios de comunicación: material bibliográfico, radio, televisión, Internet, diarios, revistas, etc.
Esto no suele abordarse o formularse con instancias críticas contextuales, sino con un carácter de tipo asistencialista y/o de contención emocional. Por otro lado, suele percibirse entre los estudiantes que han cursado en escuelas en el medio libre, que se dan menos horas que las que se dan afuera[20]. Es tal sentido, resulta necesario analizar por qué y cuándo ocurre esto y determinar el grado de sistematicidad con que se da esta situación.

3) El problema de la necesidad de jerarquización de la labor docente en contextos de encierro punitivo.
También es de destacar “la necesidad expresada por los docentes en contextos de privación de libertad de que se les reconozca y se jerarquice su función, a la par que han señalado, en muchos casos la necesidad de profundizar la capacitación de esta modalidad particular de desarrollo educativo”[21]. Desde unos cuatro años el Estado nacional conjuntamente con las jurisdicciones implementó el postítulo de “educación en contextos de encierro”, el cual se convirtió en una buena oportunidad para cubrir en principio la demanda formativa docente. Pero dicha formación tuvo un desarrollo acotado solo a educadores/as que trabajan en las escuelas con sede en cárceles y no redundó en una política pública de apertura hacia la comunidad docente. Además, tuvo serias dificultades en su aplicación en cuanto a los profesores que lo dictaban y poco seguimiento de las producciones que merece en términos de calidad de la oferta formativa, como así también una valoración meritoria en clave de mejores accesos a cargos y concursos.
Es dable recordar que el/la educador/a es un actor primordial en el proceso educativo, por eso es fundamental que se revea sus competencias en la cárcel, es decir, cuál es su “saber hacer”. Para ello es necesario comprender:
–   Cómo es la tarea diaria: la enseñanza más el contexto en el que se desarrolla el trabajo del educador/a.
–   Cuál es su rol dentro del proceso educativo, entendiendo que las funciones de seguridad y de educación se excluyen mutuamente.
–   Cuál es la formación específica del educador/a: inicial, continua y con centralidad y  presencia de la educación en derechos humanos (EDH).
–   El carácter crítico, pues el educador/a en contextos de privación de la libertad debe ser investigador/a de su propia práctica.
–   Último pero no menos importante, la cuestión de la selección y designación de docentes debe ser por concurso público, que tenga legalidad establecida por la educación oficial y común y que los que alcancen los cargos sean los mejores formados, ya que el contexto y los sujetos que lo habitan lo ameritan en tanto complejidad contextual y la subjetividad afectada flagrantemente por el encierro o enjaulamiento estatal.
Además, esta selección y designación debe potenciar una educación en las cárceles más pública y democrática y por ende, estas características repercutan en una cárcel abierta que genere un espacio de comunicación con el afuera.

 

c.4 Aceptabilidad
En cuanto al criterio de aceptabilidad se reconocen los siguientes obstáculos y dificultades:

1) ¿Cómo se entiende a la educación en contextos de encierro punitivo?
Es muy común que tanto en funcionarios/as judiciales, penitenciarios, educativos y hasta en los mismos educadores/as y estudiantes, se conciba la educación de un modo casi opuesto a lo que establece la normativa vinculada a este derecho en el ámbito de la cárcel. Según se conciba la educación y desde el lugar desde donde se la piense dependerá la manera de llevarla adelante, en ejecutarla. Comprender cómo se la concibe es comprender su fines, su intencionalidad, su cuestiones instrumentales, curriculares, la concepción del sujeto de la acción educativa, la formación de los educadores/as, entre otros puntos a destacar del ejercicio del derecho.
Se recuerda que las teorías criminológicas de principio del siglo XIX y en el siglo XX concebían a la educación como un dispositivo o tecnología de control y disciplinamiento, junto al trabajo forzado y la religión. También, dejando de lado la concepción de derecho humano, era entendida como una ocupación provechosa del tiempo. En la actualidad, se la suele cruzar o someter a los fines de la pena o de la cárcel con el de la educación. Para ello se utilizan términos como “rehabilitar”, “resocializar”, “reinsertar”, “reeducar”, entre otros “re”. Es decir, con esta lógica, la educación es pensada como una tecnología del tratamiento penitenciario de carácter terapéutico. Esto conlleva a que en la práctica y en su ejercicio diario, se la plantee como un “beneficio” o una mercancía de cambio por buena o mala conducta.
En tal sentido, no hay que perder de vista que la educación es un derecho humano que poco tiene que ver con un tratamiento terapéutico, ya que no es una “pastilla” que cura ninguna “enfermedad”. Es decir que al considerarla como parte o herramienta del tratamiento, pierde su carácter de derecho humano y por ende no se puede judicializar (por ejemplo, ante un reclamo por negación del derecho). La educación tiene un fin propio en tanto derecho humano: el desarrollo integral del individuo. Debe entenderse que la persona privada de su libertad es un sujeto de derechos y que el Estado es el garante de su goce efectivo.
Pensar, concebir y ejercer la educación como derecho humano implica concebir al sujeto de la acción educativa como sujeto de derechos y esto impele observar y poner en cuestión otros derechos de estos sujetos como la salud, la alimentación, el trabajo, el acceso a al justicia, la comunicación, entre otros.

2) Escasa representatividad y participación de los educandos
“Los educandos no cuentan con espacios para discutir y seleccionar contenidos y estrategias educativas, en todos los niveles y en las modalidades, principalmente en el nivel secundario o medio. El educando es escasamente escuchado, proyectándose sobre el mismo una sensación de amenidad respecto al proceso educativo, anulando la sensación de ser parte del mismo. Sólo el nivel universitario genera espacios dialógicas”[22]
y de cierta representatividad como son los centros de estudiantes.

3) La educación en Derechos Humanos (EDH).
En general la educación de adultos se la suele pensar y concebir como una mera capacitación o apropiación de la lectoescritura y saberes aritméticos, sin medir o evaluar el impacto en términos de empoderamiento y apropiación de la dignidad, de la autonomía por parte de los estudiantes. Es sabido que el desarrollo teórico de la educación en contextos de privación de libertad proviene mayoritariamente desde el tratamiento penitenciario y/o seguridad o desde la criminología y no del ámbito pedagógico específico o de la pedagogía social. Ante ello, es necesario que se ponga ala EDHen la centralidad curricular y, a la vez, como garantía de prevención de las violaciones a los Derechos Humanos tanto intra como extramuros.
Al mismo tiempo, es dable reconocer quela EDHes un motor de transformaciones individuales y colectivas, ya que supone la construcción de una convivencia pacífica y democrática, respetuosa de las libertades individuales (futuras) de todos y cada una de las personas que accedan a ella. Sin olvidar que las personas privadas de su libertad son sujetos de derecho,la EDHcomo praxis se apoya en un conjunto de valores que son también derechos y que, por lo tanto, alcanzan entidad jurídica. El/la detenido/a se podrá reconocer como sujeto político y de derechos, responsable de sus actos en la comunidad, y comprenderá su situación para tratar de evitar otras en su vida. El acceso a la educación, entonces, es un derecho fundamental, y en esta perspectiva, un derecho “llave” para acceder a otros derechos que se les niegan o conculcan constantemente.

4) Problemas vinculados a una educación sin perspectiva de género. El problema de las minorías y la discriminación de las personas trans.
En línea con el punto 3 anterior, se advierte también,
“de las entrevistas con estudiantes que los contenidos educativos no contemplan cuestiones de relevancia vinculadas a la construcción de ciudadanía y menos aún orientados a la elaboración de conceptos que contemplen una educación con perspectiva de género, máxime si consideramos la obligación de los Estados de fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer (ver al respecto Artículo 8.e de la Convención de Belem do Pará)” [23]

 

E) Otros temas relevantes para problematizar[24].
Si bien en este trabajo se hizo un abordaje situacional escueto de la educación en contextos de privación de libertad, desde la mirada de la política pública. No obstante, ante el sostenido crecimiento de la población carcelaria, resulta es necesario problematizar otros aspectos relacionados la cárcel, la educación y los DDHH. Entre estos temas, podemos destacar:
–   Medios de comunicación: observar y analizar desde una perspectiva interdisciplinaria qué aspectos tratan, en qué momentos y cómo se representa en los diversos medios de comunicación la problemática sobre la educación en las cárceles y otros ámbitos de privación de la libertad. El tema se ha instalado en las últimas dos décadas en la agenda mediática local con picos en épocas de inicio del ciclo escolar oficial. Entre otras dimensiones un análisis crítico del discurso informativo sobre esta temática merece focalizarse en el uso de las fuentes, la cantidad y secciones donde aparece, el abordaje, las estadísticas que se presentan.
–   La universidad: La necesidad del fortalecimiento y ampliación de la educación terciaria universitaria y no universitaria. Se aprecian muchas acciones de extensión por parte de las universidades y se destacan experiencias exitosas como en el caso dela Universidad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Del Litoral, Entre RíosLa Plata, Del Centro de la provincia de Buenos Aires, Tandil, entre otras. Pero aún no se evidencian, a partir de los convenios acordados, un crecimiento de la oferta de carreras, de la matricula y de un programa real y concreto por parte de la mayoría de las universidades nacionales a sabiendas de la expansión y creación de más recintos penitenciarios en las distintas jurisdicciones del país y de la inauguración de más universidades nacionales. Es dable analizar su inserción en las prisiones como institución autárquica, mediante la movilización en ese espacio respecto a la organización, participación y el compromiso social y académico; los convenios con los Servicios Penitenciarios en cuando al modo de ejercicio de la docencia y el dictado de carreras; la implementación de los proyectos de extensión e investigación; el trabajo de las universidades en cuanto a los observatorios de las cárceles; la promoción de la organización estudiantil, etc.

 

F) Una invitación a seguir trabajando por la educación en la cárcel…

“Cuanto más pública es la educación en la cárcel, más pública es la cárcel”

(GESEC, 2006)

Ante la situación actual de las cárceles, por la cual nuestro país ha estado observado por la comunidad internacional, hay que considerar que la misma rodea la acción educativa en lo cotidiano, dando condiciones como las señaladas en los puntos anteriores, no muy favorables pero no imposibles de superar si la decisión política, en la dimensión educativa y penal, confluyen en tanto perspectiva y acción de que estamos hablando de un derecho humano y no de una acción terapéutica o de tratamiento penitenciario. Tal como sostiene Katerine Tomasevski (2003) “es altamente improbable reparar el desequilibrio existente en las oportunidades de vida y de participación en la sociedad sin el previo reconocimiento del derecho a la educación”.

 

G) Bibliografía utilizada

– CLADE (2011) Educación en contextos de encierro: Un derecho inalienable, San Pablo, Brasil.

– Defensoría Pública Departamento Judicial de Azul; Facultad de Derecho de la UNICEN(Universidad Nacional del Centro de la Provinciade Buenos Aires) y el GESEC – sede centro- (2013), “Documento sobre Educación en contextos de encierro”, presentado en las Primeras Jornadas Regionales “Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas”, Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría, Buenos Aires, Argentina.

– Ley Nacional de Educación (26206/06), Capítulos IX y XII, Argentina. Disponible en Ministerio de Educación de la Naciónwww.me.gov.ar

– Ley sobre “Estímulo educativo en establecimientos penitenciarios” (26.695/11), Argentina  Disponible en Ministerio de Educación de la Nación www.me.gov.ar
Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Disponible en http://www.me.gov.ar/curriform/edpenitenciaria.html

– Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “Informe Anual República Argentina, SNEEP2012”, Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución dela Pena, elaborado porla Dirección Nacionalde Política Criminal, República Argentina.

– Tomasevski, Katarina (2003) “Contenido y vigencia del derecho a la educación”, Cuadernos Pedagógicos, IIDH, San José de Costa Rica.

– Scarfó, Francisco (2007) “Los fines de la educación básica en las cárceles en la Provinciade Buenos Aires”, Tesina de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Disponible en Observatorio Internacional  de Justicia Juvenil: http://www.oijj.org/documental_ficha.php?cod=5121&home=SI&idioma=en.
—– (2007) “Garantía de una Igualdad sustantiva”, en El sistema de la Crueldad III, Informe del Comité Contra la Tortura – Comisión Provincial por la Memoria provincia de Buenos Aires, pp 168- 170.La Plata, Buenos Aires, Argentina.
—– (2012) “Estándares e indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles”. Tesis de Maestría en DDHH, Universidad Nacional de la Plata- disponible en sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18121La Plata, Buenos Aires, Argentina
—– y Pérez Lalli,  Florencia y Montserrat Ivana (2013)“Avances en la Normativa del Derecho a la Educación en Cárceles de la Argentina”,  en Revista brasileña Educação & Realidade, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Brasil
—– y Aued, Victoria (2013) “El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional. Aportes para la reflexión sobre la educación como derecho humano en contextos de la cárcel”, Revista Eletrônica de Educação, Vol. 7, No 1, Universidade Federal de São Carlos, Brasil. ISSN 1982-7199.

– Umpierrez, Analía (2013) “Miradas. La educación en la cárcel desde la mirada de los estudiantes”, documento basado en entrevistas a estudiantes secundarios y universitarios de la las unidades penales del centro de la provincia de Buenos Aires, presentado en las Primeras Jornadas Regionales “Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas”, Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría, Buenos Aires, Argentina.

– Ver más en www.gesec.com.ar y http://www.facebook.com/gesec.laplata

La Plata, noviembre de 2013

 


 

Referencia Notas

[1] Magister en Derechos Humanos y Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Fundador e integrante del GESEC (Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles) Argentina www.gesec.com.ar. Correo electrónico: franciscoscarfo@gesec.com.ar
[2] Licenciada y Profesora en Comunicación Social (UNLP); cursa la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes; se desempeña como docente en la Facultad de Periodismo (UNLP) e integra el GESEC. Colaboradora académica en la elaboración de este artículo. Correo electrónico: materialesnatalia@yahoo.com.ar
[3] “Informe Anual República Argentina, SNEEP2012”, Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución dela Pena, elaborado porla Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Subsecretaría de Política Criminal, Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, República Argentina.
[4] En cual se sustituyen los artículos133 a 142 del Capítulo VIII dela Ley de Ejecución dela Pena Privativa dela Libertad (24.660/90).
[5] Scarfó, Francisco (2002) “Estándares e indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles”, Tesis de Maestría en DDHH, Universidad Nacional de la Plata, disponible en sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18121,La Plata, Buenos Aires.
[6] Propuesta de  Katerine Tomasevski, quien fuera relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de NN.UU. Ver más en Tomasevski, Katerine (2003) “Contenido y vigencia del derecho a la educación”, en Cuadernos Pedagógicos, IIDH, San José de Costa Rica.
[7] Scarfó, Francisco (2007) “Los fines de la educación básica en las cárceles enla Provincia de Buenos Aires”, Tesina de Licenciatura en Ciencias dela Educación, Universidad Nacional dela Plata, Buenos Aires, Argentina.
[8] Defensoría Pública Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires; Facultad de Derecho de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y el  GESEC – sede centro- (2013), “Documento sobre Educación en contextos de encierro”, presentado en las Primeras Jornadas Regionales “Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas”, Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría, Buenos Aires, Argentina.
[9] Ídem nota 6.
[10] Ídem nota 6.
[11] Ídem nota 6.
[12] Umpierrez, Analía (2013) “Miradas. La educación en la cárcel desde la mirada de los estudiantes”, documento basado en entrevistas a estudiantes secundarios y universitarios de la las unidades penales del centro de la provincia de Buenos Aires, presentado en las Primeras Jornadas Regionales “Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas”, Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría, Buenos Aires, Argentina.
[13] Ídem nota 6.
[14] Ídem nota 6.
[15] Ídem nota 6.
[16] Ídem nota 6.
[17] Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro. http://www.me.gov.ar/curriform/edpenitenciaria.html
[18] Ídem nota 6.
[19] Ídem nota 6.
[20] Ídem nota 10
[21] Ídem nota 6.
[22] Ídem nota 6.
[23] Ídem nota 6.
[24] Scarfó, Francisco y y Aued, Victoria (2013) “El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional. Aportes para la reflexión sobre la educación como derecho humano en contextos de la cárcel”, Revista Eletrônica de Educação, Vol. 7, No 1, Universidade Federal de São Carlos, Brasil. ISSN 1982-7199.